La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) está trabajando en una futura ley de alertadores junto al Govern de la Generalitat para proteger a aquellos que denuncien casos de corrupción. Olinda Anía, directora adjunta de la entidad, ha señalado la importancia de dotar a esta ley, como autoridad independiente, de los recursos necesarios para garantizar la efectividad de esta protección.
Entre las medidas de protección se encuentra el apoyo financiero y psicológico, que requiere un despliegue normativo y presupuestario. Anía destaca la necesidad de clarificar estos apoyos, asegurando que la protección abarque los derechos de los alertadores y contribuya a fortalecer la preservación del interés público.
La ley actual establece que cualquier persona que denuncie irregularidades, malas prácticas o corrupción puede ser considerada un alertador. Sin embargo, para recibir protección, la alerta debe haber sido realizada a través de canales específicos y en un contexto laboral o profesional.
En cuanto a las medidas de apoyo y protección, la ley contempla asesoramiento y asistencia efectiva. La OAC puede emitir certificados que respalden la condición de alertador de una persona y solicitar información para evaluar posibles represalias en su contra.
En caso de represalias, como el despido, la OAC tiene capacidad sancionadora y puede imponer multas significativas a las entidades infractoras. Actualmente, hay tres expedientes abiertos por infracciones a la ley.
Anía también ha planteado la necesidad de revisar la ley estatal para reforzar la protección de los alertadores y establecer sanciones por incumplimiento. Además, sugiere la exclusión de la obligación de tener sistemas internos de información en municipios con menos de 5.000 habitantes en Catalunya.
En resumen, la protección de los alertadores es fundamental para combatir la corrupción y preservar el interés público. La colaboración entre entidades públicas y privadas, junto con medidas coercitivas y de apoyo, es esencial para garantizar un ambiente seguro para aquellos que denuncian actos ilícitos.
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